lunes, 21 de marzo de 2011

¿Voluntad Popular?

A través de los siglos muchos pensadores han venido dando distintas definiciones a cerca de la democracia, y la mayoría de estos conceptos han evolucionando en el correr del tiempo, pero siempre coincidiendo en una idea similar, la participación de un grupo de personas en una decisión.

A mi modesto entender, la democracia la definiría como la voluntad del pueblo. Eso quiere decir que obedece al libre albedrio de cada uno de sus componentes, ajenamente a cualquier instrumento coercitivo que viole dicho derecho.

La voluntad que deber ser respetada y protegida por los distintos mecanismos que conforman el sistema democrático en sí, y conservarse dentro de un marco de transparencia que garantice a la voluntad tal como es. De esta premisa empezaremos a encontrar una serie de deficiencias en nuestro sistema electoral. Cuando una persona decide participar en juego, lo primero que hace es conocer las reglas del juego y cuáles son los requisitos para poder participar de una manera eficiente en el juego, y de esta manera estar en iguales condiciones que la del resto de los participantes. Esta simple analogía nos permite analizar que nuestro sistema democrático acoge elementos que no están en debida capacidad de poder manifestar su verdadera voluntad, porque nuestra constitución obliga bajo pena de multa a participar a todos los ciudadanos en los procesos electorales. Lo cual es muy injusto, cuando una persona no tiene la suficiente capacidad de saber elegir; a veces es preferible dar un paso al costado en primer instancia, y que el Estado garantice la formación necesaria para tenerla facultad de saber elegir. Ahora imagínense si esta persona que carece de un mínimo de aptitudes se le designa dirigir el proceso electoral –llámese miembro de mesa de sufragio- entonces que garantías se establecen para garantizar la transparencia del proceso. Porque no solo es que se está obligando acudir a las urnas, si no de estar en plena disposición para dirigir estos procesos cuando se le requiera. De este modo el Estado primero debe priorizar su deber de dar las herramientas necesarias para tener ciudadanos debidamente capacitados para ser parte de una junta democrática, y por otro lado disponer que los procesos electorales sean voluntarios empadronando a los ciudadanos que en realidad quieran ser participes, y una vez empadronados obligar bajo pena de multa a cumplir su respectivo compromiso con la democracia.

Ahora, que tanto el sistema electoral del Perú garantiza la verdadera voluntad del pueblo. Y mejor ejemplo es la famosa cifra repartidora que se aplicará en las elecciones congresales este año. La cifra repartidora para votos congresales se aplicará solo para aquellos partidos que en el conteo general de votos congresales hayan superado el 5% del total de los votos válidos o una lista haya puesto mínimo a siete congresistas, en pocas palabras hayan superado la valla electoral. Realmente este dispositivo electoral no obedece plenamente con la voluntad popular, porque está dentro de las posibilidades que se suscite el caso que un candidato al Congreso de la República llegue a sacar el mayor número de votos, incluso a nivel nacional, y su lista o partido no haya superado la valla electoral; simplemente este candidato en particular no entraría en el conteo final de los votos congresales por la cifra repartidora. ¡Qué tal atentado contra la voluntad popular! Y el ejemplo citado no es un caso hipotético, es una posibilidad dentro de todos los resultados que se pueden dar. Lo que invita a pensar que el Sistema está diseñado para proteger y perpetuar a los grandes otorongos y allanar al surgimiento de nuevos liderazgos que están cansados de mantener al mismo circo, gente con buena voluntad que quiere servir al pueblo y que optan su participación por caminos independientes opuestos a la oligarquía tradicional que nos vienen gobernando.

Pero la tan citada “voluntad popular” no sólo se hace manifiesta cuando hay elecciones, es notorio como ésta es ultrajada en distintas manifestaciones humanas, que hasta cierto punto son mal entendidas como democráticas, o forman parte del abuso de las malas prácticas democráticas. Es sabido que el derecho a la huelga y a la protesta están respaldadas por nuestras leyes. Pero que tan democráticas son estas manifestaciones cuando se afectan los deberes y derechos de los demás, o cuando los participantes son coaccionados. Los sindicatos, gremios, comités, etcétera son elementos representativos de una democracia, que últimamente vienen siendo víctimas del caudillaje de sus principales dirigentes que manipulan la libertad individual de los integrantes. Cuando deben ser los miembros de un gremio quienes focalizan algún reclamo ante sus dirigentes, parece ser que los dirigentes maniatan a los agremiados para servirse de ellos, como ven una distorsión del buen espíritu de la democracia. Recuerdo en la Universidad Nacional de Piura los sindicalistas extorsionan a sus representados para realizar sus respectivos paros, es decir atentan contra la voluntad de trabajar de las buenas personas de querer cumplir con sus obligaciones. Por otro lado están las bases populares que tratan de determinar el voto masivo hacia algún partido o candidato pasando por encima del criterio personal de cada uno de sus militantes, y creando mucha inseguridad y desconfianza de estas mismas personas al emitir un voto.

Como verán, muchos consideran el fin del gobierno de Fujimori como el retorno a la democracia, yo les pregunto ¿A qué democracia se refieren? ¿Usted cree que somos realmente modernamente democráticos o seguimos en la era de los antiguos caudillos? ¿Nuestro sistema defiende realmente la democracia? Reflexiónelo.

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